El texto recibió votación unánime tras tres años de discusión y se convertirá en ley luego que el poder ejecutivo lo promulgue.
Su objetivo es proporcionar dicha asistencia a personas que enfrentan enfermedades que afectan su autonomía y para las cuales hay escasa o nula respuesta en términos de tratamientos.
El propósito principal es reducir el sufrimiento de los pacientes a través del adecuado control del dolor y otros síntomas, brindándoles un mejor final de vida.
El legislador del Frente Amplio José Nunes advirtió que la aplicación del derecho a esos cuidados no es uniforme en todo el país.
Aseguró que solo el 65 por ciento de la población tendría la posibilidad de acceder a tales atenciones.
El presupuesto aprobado el año pasado asignó 40 millones de dólares para esos cuidados.
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