Entre los implicados en la Operación Gavilán también figuran empleados administrativos del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional, quienes se dedicaron durante años a borrar información oficial de crímenes relacionados con narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, lavado de activos, entre otros delitos graves.
Anoche, esa cartera solicitó a la Oficina Nacional de Atención Permanente del Distrito Nacional que el caso sea declarado complejo, en tanto se espera que este viernes se den a conocer las medidas de coerción a una docena de funcionarios de la Procuraduría.
“Utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas”, argumenta el pedido de imposición de medida de coerción del Ministerio Público.
De acuerdo con ese organismo, el procedimiento que utilizaban consistía en la solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, supresión de registro, expedición de certificado de no antecedentes penales y » franqueo» para salir del país.
“Beneficiaron a criminales de carrera de alto perfil a quienes les prestaban un servicio permanente, a ellos y a miembros de su estructura, a cambio de cantidades considerables de sobornos”, describe el documento.
Agrega que con el dinero adquirieron bienes y servicios, y realizaron transferencias millonarias.
Acerca de este caso, el ministro del Interior y Policía, Jesús Vásquez, aseguró la víspera que serán suspendidos los agentes que resulten culpables durante la investigación.
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