La Coalición Pacto Histórico, con la que llegó a la presidencia hace casi un año, ante los hechos relacionados con el supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña Presidencial en la Costa Caribe, manifestó su respaldo irrestricto y solidaridad con el jefe de Estado.
Destacó que su causa de vida ha sido la lucha contra la corrupción, las mafias, la parapolítlca y la narcopolítica en todo el país y principalmente en la costa Caribe, arriesgando su vida e integridad.
«Respetamos la labor de la justicia y solicitamos plenas garantías en todas las instancias y etapas de la investigación, así como la independencia y transparencia que exige el ordenamiento constitucional y legal en contra de cualquier prejuzgamiento y politización», recalcó.
En este punto del proceso penal, no ha sido demostrado que haya ingresado a la campaña presidencial el dinero supuestamente recibido por Nicolás Petro Burgos (hijo) ni mucho menos que Petro y la Gerencia Nacional de Campaña coparticiparan de la recepción y uso de dichos dineros.
«Pretender acabar el mandato presidencial, desconociendo la voluntad popular y como resultado de intereses políticos, sería un golpe grave a la democracia, la justicia y a la estabilidad institucional, al que nos opondremos junto a la mayoría de la sociedad», enfatizó.
Por su parte, el Partido Comunista Colombiano, frente a los intentos golpistas contra Petro, reafirmó su convicción de traer el cambio a Colombia.
«Hoy más que nunca rodeamos a nuestro presidente porque lo apoyamos e hicimos parte de su campaña la cual se hizo con las manos y con la convicción de millones de colombianos y colombianas», recalcó.
Asimismo, el senador Iván Cepeda, miembro de la Delegación del gobierno en las conversaciones de paz con el ELN, manifestó su respaldo al presidente Petro, su vida política y el programa del gobierno y anunció que lo defenderé radicalmente ante cualquier intento de acabar con su mandato popular.
En un comunicado a la opinión pública, Petro expresó que recibe con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa.
«En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales”, subrayó.
Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda y para tal efecto, le otorgó poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente.
Dijo que continuará decididamente con la agenda presidencial y que «nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor».
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