Listín Diario publicó que Sana adoptó esa decisión con el objetivo de que los abogados dispongan de más tiempo para preparar su defensa, pues algunos alegaron que desconocían el abultado expediente de 139 páginas y más de 100 elementos de pruebas.
Decenas de personas, entre estos fiscales, empleados administrativos y policías permanecen detenidos desde el miércoles último, acusados de eliminar registros oficiales de antecedentes penales a cambio de pagos.
Los fiscales que lideran la operación contra ese grupo solicitaron la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este ,y su esposa, Laudelina Esther Reyes.
La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General Pilar Yrenes Medina y Domingo Julio Santanaz, así como a Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio, Ashley Darleni Morbán, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer, Romanqui Alexander Dotel y Dilcia Argentina Núñez.
Este viernes trascendió que los implicados cobraban desde cinco mil pesos dominicanos (unos 90 dólares) hasta 47 mil pesos (845 dólares) por borrar los antecedentes penales o fichas de criminales.
El trabajo era realizado en conjunto entre fiscales de distintas provincias del país y empleados de la Procuraduría General, precisó el Ministerio Público a partir de las declaraciones de uno de los imputados.
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