«Estamos profundamente conmocionados por el alto número de asesinatos» durante acciones de la Policía, con destaque en Sao Paulo, «supuestamente destinadas a combatir el narcotráfico y el crimen organizado», afirmó la portavoz de la entidad, Marta Hurtado, citada por la columna del periodista Jamil Chade, del portal UOL.
Recordó que las muertes de afrodescendientes provocadas por policías aumentó en los últimos años en el gigante sudamericano.
Para Hurtado, los homicidios ocurrieron «después de casos de violencia policial y denuncias de ejecuciones extrajudiciales en años pasados, en circunstancias que nunca han sido completamente aclaradas y cuyos responsables no rindieron cuentas».
Las nuevas cifras de crímenes «hacen de esta una de las semanas más sangrientas en muchos años», subrayó la vocera.
El pasado miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo confirmó que aumentó a 16 el número de muertos en la Operación Escudo de la Policía Militar (PM) en la ciudad de Guaruja, desencadenada después del asesinato de un agente en el municipio.
Durante un recorrido de patrulla en la comunidad Vila Zilda, el soldado policial Patrick Bastos Reis fue baleado, golpeado en el pecho, no resistió y murió. El cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya fue herido en la mano. Los disparos fueron ejecutados a 70 metros de distancia, de acuerdo con la versión oficial.
Las muertes en la operación de la PM habrían ocurrido, según la Secretaria, en supuestos enfrentamientos con la Policía. Del total de fallecidos, 13 se registraron en Guarujá y tres en Santos.
También se informó que 58 personas fueron detenidas en los cinco días de la intervención militar contra narcotraficantes de la Baixada Santista.
Una acción policial en el Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, terminó además con 10 muertos y cuatro heridos. Dos de los lesionados son policías militares.
Ante la prensa, el gobernador paulista, Tarcisio de Freitas, consideró los enfrentamientos entre criminales y policías como «efecto colateral» de la estrategia que busca asfixiar al crimen organizado que controla la Baixada Santista.
Informó que eventuales excesos por parte de las fuerzas de seguridad serán investigados y, si se confirman, habrá castigo.
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