El Ministerio Público puso en marcha la llamada Operación Gavilán la madrugada del martes contra una organización integrada por fiscales, empleados administrativos y policías dedicados a eliminar registros oficiales, en un claro caso de corrupción.
Autoridades de ese organismo realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Independencia y San Pedro de Macorís, donde fueron detenidos en un inicio 12 individuos, entre estos un policía y empleados de la Procuradoría General de la República.
De acuerdo con esa cartera, con el trabajo de la supuesta red se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, acusados de violencia sexual y de género, entre otros.
Esta semana trascendió que el equipo investigador, liderado por la directora general de Persecución del referido Ministerio, mantiene a varios fiscales bajo indagación y procedió a solicitar medidas de coerción en su contra, las que se deben a dar a conocer el próximo lunes.
En esta operación participan fiscales de unidades especiales, con el apoyo de la Policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Durante el allanamiento se ocuparon evidencias de los delitos antes mencionados, como dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, automóviles, dinero en efectivo y copias de cédulas.
Entre los detenidos figura Pilar Irene Medina, fiscal adjunta del municipio de Jimaní, provincia de Independencia, según su representante legal, Juan de la Rosa.
Listín Diario recordó este sábado que el 3 de junio de 2022, mediante una comunicación al departamenro de Inspección del Ministerio Público y a la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, la magistrada Miriam Germán instruyó que se descontinúe la divulgación anticipada de las actuaciones disciplinarias contra miembros de ese órgano.
Es probable que esa sea la causa de la poca información divulgada por el Ministerio Público sobre los siete fiscales involucrados hasta el momento en la denominada Operación Gavilán.
Hasta hoy solo se sabe que se designará un juez especial de la Corte de Apelación para seguir el proceso de indagación en contra de los fiscales asociados a este caso, tal como establece el marco jurídico para la investigación penal contra servidores del sistema de justicia.
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