La fiscal adjunta Patricia Castañeda argumentó que la ampliación es necesaria porque la investigación es compleja y están pendientes un peritaje contable, otras diligencias y la última fase de las pesquisas inicadas en 2020, que terminó el 30 de junio pasado.
También falta procesar 133 dispositivos electrónicos incautados en allanamientos a los invilucrados en el caso de presunta corrupción en un contrato con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de un gasoducto, a la postre anulado antes de su ejecución.
En el nuevo plazo, alega Castañeda, falta recibir declaraciones de ejecutivos de Obebrecht, que no ha confirmado el soborno entre sus confesiones al Ministerio Público, y llevar adelante procesos de colaboración eficaz, entre otras diligencias.
Los abogados de Humala, Heredia, exministros del gobierno del exgobernante (2011-2016) y de otros nueve indagados, se opusieron a la solicitud de la fiscal por considerarla un exceso.
En la investigación están comprendidos los exministros Milton Von Hesse, Juan Manuel Benítez, Eleodoro Mayorga, Luis Miguel Castilla y Wilfredo Pedraza, además de otros 27 individuos.
El analista Rafael Belaúnde, adverso a Humala, criticó el pedido y recordó que los Humala-Heredia son investigados desde 2017. Además opinó que “no se puede perseguir indefinidamente, al margen de nuestros gustos y preferencias políticas”.
El expresidente y su esposa están a punto de ser sometidos a un juicio por lavado de activos con fondos presuntamente aportados por Odebrecht para las campaña electorales de 2006 y 2011.
Por ese tema, fueron sometidos a prisión preventiva por 18 meses en julio de 2017 y apelaron contra la medida ante el Tribunal Constitucional, que ordenó su libertad en mayo de 2018.
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