Los acusados –entre ellos siete fiscales, cuyas identidades continúan en secreto-, aceptaron altas sumas de dinero a cambio de eliminar historiales delictivos de individuos vinculados al narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, lavado de activos, adulteración de alcohol, entre otros graves delitos.
Al actualizar el número de favorecidos, la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, quien representa al órgano de justicia en ese caso, esclareció que primero se pensó en unos ocho mil individuos, pero la cifra se duplicó en la medida que avanzan las indagaciones.
Se trata, dijo, de 16 mil 958 individuos, según demuestra el peritaje técnico que forma parte de la pesquisa, y esclareció que algunos cuyos expedientes quedaron limpios de cargos anteriores están encarcelados con condenas de hasta 30 años.
Jáquez indicó que miembros de la Procuradoría montaron un esquema de corrupción que operaba mediante varios pasos al interior de los Tribunales, ya comprobados.
Mencionó que el futuro beneficiado solicitaba la eliminación de historiales, y puesto de acuerdo con los funcionarios corruptos, recorrían un proceso de consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, supresión de cargos, consulta de comprobación, expedición de certificado de no implicación en la justicia y hasta el franqueo para la salida del país.
El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, que declare complejo el caso y los acusados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Cinco abogados defensores presentaron argumentos ante el Tribunal, y uno de los implicados, el miembro actual de la Policía Nacional Antony Ferrer, admitió todos los hechos, indicó cómo funcionaba la red y mencionó a varios de los imputados.
De acuerdo a la fiscal Jáquez, “la compañía de tecnología Nexcom Technology fue utilizada por los inculpados y movilizó más de 12 millones de pesos dominicanos (unos 217 mil dólares) para hacer la eliminación y adulteración. Esta empresa está vinculada al exmiembro de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco, quien figura entre los detenidos.
Mañana debe continuar el proceso de solicitud de medida de coerción con la ponencia del resto de los acusados en este caso y la contrarréplica del órgano acusador.
En los próximos días, la Procuradoría General indicará quiénes son los fiscales presuntamente implicados.
A ellos se les designará un juez especial en las jurisdicciones correspondientes, con lo que será cumplido el procedimiento particular en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia, precisan medios de prensa locales.
Entre los encartados figuran Mártires Rosario Reyes; Rubén Darío Morbán Santana y su esposa Laudelina Reyes Silva; Pilar Medina Trinidad, Yokaira Carmona; Luis Alfredo Astacio Polanco; Ashley Morbán Reyes; Antony Ferrer Monegro; Romansqui Dotel Medina y Dilcia Núñez, quienes continúan detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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