En su última investigación sobre esa política aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, la entidad incluyó un listado de 175 decesos, la mitad a causa de violencia, según un médico forense.
El estudio de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) en el marco del primer año del régimen de excepción detalló que atendió 175 casos de privados de libertad que murieron durante la medida, incluidos dos bebés.
El documento citado por el diario La Prensa Gráfica señaló que el 50 por ciento de esas muertes fueron por causas violentas, pues los cuerpos de las víctimas tenían señales de torturas, con signos de estrangulamiento, múltiples costillas quebradas, heridas en el abdomen, cabeza y otras partes del cuerpo, según el diagnóstico de un facultativo.
Esa situación fue corroborada por familiares de las víctimas al recoger los cuerpos en los depósitos de los hospitales y en medicina legal.
La mayoría de los decesos ocurrieron en el penal de Izalco con 67, seguido de Mariona con 39 y 19 en Apanteos.
Señaló la información que el 91 por ciento de las personas muertas no tenían ninguna vinculación con pandillas cuando fueron capturadas.
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