“Si hoy nos encontramos en medio de una crisis de seguridad en la que los bandidos armados nos obligan a huir de nuestras casas, es porque el sistema judicial es débil”, dijo el coordinador general de la entidad, Renan Hédouville.
La OPC junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Haití organizaron este miércoles un taller para analizar el sistema judicial, blanco de numerosas críticas.
Entre otras temáticas discutieron el proceso de certificación de los jueces que suscitó cuestionamientos en la opinión pública, luego que más de 30 magistrados fueran separados por falta de estudios, denuncias de corrupción y acusaciones morales.
“Uno de los mayores problemas de nuestro país es el sistema judicial. Los implicados en el sistema judicial deben ponerse de acuerdo para que éste funcione correctamente. La justicia es fundamental y la cuestión de la certificación, que es un problema, debe resolverse”, señaló Hédouville.
Por su parte, Patrick Laurent, quien formó parte de la primera comisión técnica para la certificación de los magistrados, señaló que el proceso es necesario para “purificar” el sistema judicial, aunque admitió que no es una licencia para violar los derechos fundamentales de los jueces en ejercicio.
Asimismo, Maximin Pierre, coordinador de los jueces separados de la justicia defendió el derecho de los afectados a la apelación e insistió en que el proceso, al que califica de positivo, debe respetar las leyes vigentes.
Al taller asistieron especialistas en derechos humanos, profesionales, profesores universitarios y antiguos responsables de la justicia haitiana.
Tanto la OPC como el organismo de la ONU se comprometieron a elaborar una síntesis que se transmitirá al Consejo Superior de la Magistratura, el gobierno central, la Unidad Anticorrupción, la Policía, organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales.
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