El abogado Francisco Ugás, querellante en el proceso denominado «caso calle Conferencia 2» dijo que es de extrema gravedad que culpables de crímenes de lesa humanidad eludan la acción de la justicia.
Una sala de la Corte Suprema ratificó en junio las sanciones de prisión para los antiguos miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Federico Humberto Chaigneau, Eduardo Alejandro Oyarce, José Miguel Meza y Víctor Manuel Álvarez.
Los integrantes de la temible policía secreta de Pinochet secuestraron en 1976 a Fernando Navarro, Héctor Véliz, Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos, en una operación destinada a eliminar a la dirección clandestina del Partido Comunista.
Sin embargo, los condenados siguen en libertad a pesar de que su responsabilidad en estos crímenes fue comprobada durante el juicio.
Francisco Ugás dijo que el Gobierno debe extremar sus esfuerzos porque estos sujetos sean aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con el jurista, el Estado tiene la obligación de asegurar el oportuno, debido y total cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales del país.
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