Los implicados en este caso, entre los que se encuentran fiscales y policías, recibían sobornos a cambio de eliminar los registros oficiales de acusados de narcotráfico, violación sexual y otros delitos graves, según las acusaciones.
A la cárcel irán Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana, quienes serán recluidos en centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís y Najayo.
A otros siete que colaboraron con el Ministerio Público, el juez les prohibió salir del país e impuso garantía económica. Ellos son Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleny Morbán, Antony Vicente Ferrer, Romanqui Alexander Dotel y Dilcia Argentina Nuñez.
Supuestamente los integrantes de la red borraron antecedentes criminales para beneficiar a sicarios, narcotraficantes, violadores, autores de secuestros y hasta las fichas de individuos que cumplían condenas de 30 años.
De acuerdo con la procuradora adjunta, Yeni Berenice, el juez Sena estableció que la investigación recogida en un expedientes de 330 páginas «es fuerte» y dijo que el Ministerio Público continuará la investigación, no solo con los procesados, sino con algunos fiscales que no han sido presentados.
Berenice aseguró que varios fiscales están bajo indagación y explicó que no se acostumbra a dar nombres hasta que se hace la imputación preliminar de cargos.
Este jueves también trascendió que los representantes legales de los encartados que van a prisión preventiva rechazaron la medida y advirtieron que apelarán la decisión.
Hace dos días, el Ministerio Público anunció que casi 17 mil personas fueron beneficiadas en adulteraciones de antecedentes penales mediante el esquema de corrupción judicial, que involucra hasta ahora a 12 encartados en la llamada Operación Gavilán.
La procuradora fiscal Sourelly Jáquez indicó que miembros de la Procuradoría montaron un esquema de corrupción que operaba mediante varios pasos al interior de los Tribunales, ya comprobados.
Mencionó que el futuro beneficiado solicitaba la eliminación de historiales, y puesto de acuerdo con los funcionarios corruptos, recorrían un proceso de consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, supresión de cargos, expedición de certificado de no implicación en la justicia y hasta el franqueo para la salida del país.
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