Aprovechando la IX Reunión Conjunta de Consultores Jurídicos de cancillerías, la delegación mexicana convocó allí mismo un conversatorio sobre “Responsabilidad corporativa de las empresas productoras de armas y sus afectaciones a los derechos humanos en el ámbito interamericano”.
En nota de prensa, la secretaría en Ciudad de México indicó que el evento congregó a consultores jurídicos de la región, organizaciones especialistas en materia de tráfico de armas y municiones, derechos humanos y derecho internacional, a representaciones consulares, periodistas y estudiantes.
Agrega que el encuentro se realizó en la sede del Consulado General de Argentina en Rio de Janeiro, y tuvo el propósito de generar un diálogo sobre el tráfico de armas en América Latina, particularmente en los contextos de México y Brasil.
Miguel Ángel Reyes, consultor jurídico adjunto de México, explicó la política de litigio estratégico desarrollada por el gobierno de su país para hacer frente al tráfico de armas que llegan sobre todo de Estados Unidos, y las demandas en desarrollo en los juzgados de la vecina nación contra empresas armamentistas.
También hizo referencia a una solicitud de opinión consultiva presentada por México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad corporativa de las empresas fabricantes de armas y sus afectaciones a los derechos humanos.
Manifestó que la intención de México es que todos los actores relevantes, incluyendo los privados, asuman la parte que les corresponde para reforzar, con una visión de responsabilidad compartida, la cadena de diseño, comercialización y distribución de armas, que permita prevenir el tráfico ilícito de armas hacia América Latina y el Caribe.
Por su parte, Marcela García Corrêa, de Amnistía Internacional Brasil, planteó el panorama de las políticas de disponibilidad de armas en Brasil y su impacto en la seguridad pública.
La investigadora compartió un análisis pormenorizado de los retos del contexto de violencia en el país sudamericano, particularmente en Río de Janeiro, y subrayó la imperante necesidad de incluir el control de armas en los diseños de política pública para la seguridad pública.
El miembro del Comité Jurídico Interamericano y relator para el tema de empresas y derechos humanos, Alejandro Alday, expresó que el Comité tendrá que efectuar un análisis normativo en cada país para constatar si las disposiciones bajo las cuales operan las empresas de armas integran una visión de derechos humanos.
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