De acuerdo con la presidencia, ambos se reunieron en el despacho del mandatario y de manera privada, donde Petro escuchó atentamente los argumentos y recibió la información que posee Barbosa por su caso en particular.
El encuentro se realizó por solicitud de Petro y, al final de la reunión el gobernante le expresó que el gobierno nacional le brindará toda la protección requerida, y solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva, para determinar la gravedad de los hechos.
Esta semana, la Fiscalía emitió un comunicado en el cual informó que «tres fuentes» señalaron que «se realizará un atentado terrorista contra el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado».
Según la información, en Venezuela se estaría realizando una capacitación a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para producir dicho atentado con francotiradores.
El ELN calificó de falsa dicha información y aseguró que, «ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN».
Ante estas imputaciones, dicho grupo armado solicitó una reunión extraordinaria del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para examinar la situación creada por las falsas acusaciones del fiscal, que generan grandes dificultades en el desarrollo y confianza del proceso.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reiteró su rechazo a cualquier plan de atentado contra la vida del Fiscal General y señaló que la respuesta del ELN que niega su responsabilidad en este plan, lleva a considerar otras hipótesis, entre ellas, un saboteo al proceso de paz con esta organización guerrillera.
La exigencia de esclarecimiento judicial con debido proceso es de principio para garantizar sanciones y la no repetición de crímenes contra la paz, subrayó.
En tanto, el fiscal Barbosa, señaló que las expresiones del alto comisionada para la paz, Danilo Rueda, «son miserables porque desconocen la institucionalidad y validan irresponsablemente lo expresado por el ELN».
Lo cierto es que estas denuncias tienen lugar a raíz de la entrada en vigor de dos de los logros más importantes de los diálogos entre el gobierno y el ELN: el cese al fuego bilateral por seis meses y la creación de un comité de participación de la sociedad.
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