La nueva situación se planteó al desistir la Fiscalía de su oposición a la participación de la Procuradoría General del Estado en el interrogatorio a la mandataria sobre las muertes registradas durante las protestas en su contra desde el inicio de su administración, el 7 de diciembre de 2022.
El reclamo estaba pendiente de una decisión del Poder Judicial, pero el desistimiento hará posible la toma de declaraciones a la presidenta en el proceso de indagación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y otros cargos.
En las pesquisas están incluidos el primer ministro Alberto Otárola, quien durante los luctuosos sucesos era titular de Defensa y otros exministros de la mandataria.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo anunció que su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó a la Inspectoría de la Policía Nacional un informe sobre los casos investigados por los hechos ocurridos entre el 13 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de 2023, a lo que la requerida instancia se resiste.
El pronunciamiento se debe a que la Defensoría recibió información, según la cual algunos casos de posible tortura se archivaron sin culminar las investigaciones.
La solicitud precisa que el pedido de pronta información abarca todos los casos, incluyendo los archivados, detalles sobre las facilidades dadas por la Policía “para la investigación exhaustiva de los hechos durante las protestas mencionadas”.
El equipo especial de fiscales, creado para investigar las 49 muertes de civiles inermes en las manifestaciones, informó a su vez que continúan las pesquisas, tras quejas de familiares de los caídos en la región surandina de Ayacucho sobre los escasos avances de las averiguaciones.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) compartió la inquietud de los deudos y señaló que el plazo de ocho meses, fijado para las indagaciones, está a punto de culminar, por lo que es previsible que el Ministerio Público pida más tiempo.
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