El desprestigio del Congreso se originó, según la mayoría de los analistas, por la baja calidad de su composición, generada por los comicios generales de 2021, pero desde entonces se ha agudizado y en las últimas semanas desde la elección del centro-derechista Alejandro Soto como presidente del Legislativo.
Tras asumir el cargo, medios de prensa revelaron que Soto ocultó que tenía una sentencia judicial por estafa, en la hoja de vida presentada a las autoridades electorales como candidato al Parlamento por el partido Alianza para el Progreso. Negó persistentemente las acusaciones de ocultar información importante y dijo que la causa había sido archivada, lo que fue desmentido, por lo que alegó que la condena, no le había sido notificada y por eso no la consignó entre sus antecedentes.
Sin embargo, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, confirmó que Soto apeló ante esa corte contra la sentencia, antes de ser postulante al Congreso, es decir que ocultó la verdad.
La bancada congresal que agrupa a legisladores progresistas de Cambio Democrático y Juntos por el Perú anunció que presentará una moción de censura (destitución) contra Soto en el cargo, sin que se haya definido si tendrá apoyo mayoritario.
El deterioro del Legislativo se reflejó también en la renovación de sus comisiones de trabajo y lo más problemático fue elegir a los miembros de la Comisión de Ética, debido a que los escogidos por las bancadas fueron impugnados una y otra vez por el pleno, por antecedentes que los descalifican éticamente.
Finalmente, se logró elegir a los nuevos integrantes de la citada comisión, pero incluyendo entre ellos a dos legisladores que han sido sancionados por el grupo congresal por infracciones a la ética, condición que se suponía era impedimento para formar parte del grupo.
Además, los nuevos presidentes de las comisiones carecen de títulos profesionales o de experiencia en los temas que les han sido asignados.
La prensa ya ha perdido la cuenta de los congresistas denunciados, entre otras cosas, por quedarse con parte de los sueldos del personal de sus oficinas, lo que algunos medios creen que está relacionado con la numerosa burocracia parlamentarias y los apreciables salarios que estas reciben.
A ello se agregan los gastos en viajes muchas veces insulsos y los casos de nepotismo encubierto (recíprocas contrataciones de parientes). Soto tiene empleada en el Palacio Legislaivo a la madre de su pequeña hija y sostiene que no hay nepotismo en ello porque solo tuvo con la madre un romance fugaz.
Otra situación negativa se planteó con el fraccionamiento de la bancada de Acción Popular, al elegir esta como su vocero a Darwin Espinoza, cuestionado por problemas éticos y quien argumentó en su descargo que su rival estaba en igual situación, así como 14 de los 15 integramtes del grupo congresal.
Ocho de esos congresistas renunciaron a la bancada, lo que agravó otro problema del Legislativo, su fraccionamiento, pues al instalarse en 2021 había 10 bancadas y actualmente son 13, a lo cual hay que agregar que el grupo más numeroso es el de “no agrupados”, es decir, aquellos que dejaron a sus bloques y no se sumaron a ninguno.
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