Dentro de la primera línea de investigación referida a las supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia de 2009 a 2016, específicamente en lo relacionado con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, fueron llamados a imputación 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Fiscalía recaudó el suficiente material probatorio y evidencia física que demostraría que, al parecer, esas personas intervinieron en la suscripción de la concesión de Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista, señaló.
Los 33 presuntos implicados fueron llamados a imputación de cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cada uno será imputado de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares de cada otrosí.
Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas.
Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, ‘presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos’.
La Fiscalía también imputará a 22 personas más, entre ellas, directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un ‘entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80 mil millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) en sobornos en Colombia’.
Los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, serán los cargos a este segundo grupo, entre quienes se encuentran Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015, entre otros.
Esta actuación de la Fiscalía se dio a conocer luego que el presidente colombiano, Gustavo Petro, notificara la importancia de reformar la justicia en el país ante hechos de corrupción como este que permanecen en la impunidad.
Al referirse al caso de la Ruta del Sol II, explicó que «la red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante» y es que un Fiscal General «fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a un funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República».
El gobernante señaló que «esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos».
Aseguró que esa impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo Fiscal de la terna enviada por el Presidente, tal como ordena la Constitución Nacional.
lam/otf
