El Parlamento aprobó la víspera una iniciativa presentada por el presidente Luis Lacalle Pou en diciembre último.
La legislación pretende captar mano de obra especializada para las empresas del sector de la informática, que enfrentan un déficit de tres mil 500 puestos de trabajo, según la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).
La ley ofrece facilidades tributarias pero también impone condiciones.
En primer lugar, ser extranjero o uruguayo y no haber sido considerado residente fiscal en Uruguay en los cinco ejercicios fiscales anteriores al traslado.
La segunda condición es trabajar a tiempo completo en territorio uruguayo, lo que se define como una presencia física efectiva de al menos dos tercios de los días del año civil.
También se exige generar ingresos exclusivamente a través de contratos de trabajo en relación de dependencia, relacionados directamente con actividades en el sector de las TICs.
Las condiciones deben renovarse anualmente. Si no se cumplen las condiciones establecidas bajo la nueva reglamentación, el trabajador deberá tributar según el régimen general uruguayo.
La nueva ley estará vigente para los contratos laborales iniciados hasta el 28 de febrero de 2025, y ofrecerá un marco temporal en el que los profesionales de las TICs pueden aprovechar estos beneficios.
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