En la semana la institución pública anunció que restructuraría una mesa nacional de negociaciones para abordar la crisis por la que atraviesan sus principales programas de beneficio, instalada desde 2021, pero sin resultados.
También la CSS en un comunicado informó que Joaquín Villar se retiraría de sus funciones como facilitar de ese espacio y habría que acordar antes un nueva figura mediadora.
En declaraciones a la versión digital del diario La Estrella de Panamá, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, denunció que es intransigente que quien fungía como moderador haya renunciado, “eso es un fracaso total”, remarco.
Méndez llamó a que establezca un verdadero diálogo de cara al pueblo, transmitido en vivo para que los panameños tome posición y finalmente los acuerdos que se puedan llegar sean avalados por el soberano, que luego obligue a los gobiernos a implementarlos.
También señaló que se deben abordar los temas concernientes a la evasión, una política de empleo real y digno, además de definir salarios justos.
Por su parte, el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, indicó que la responsabilidad principal de la postergación de esas pláticas la tiene el presidente del país, Laurentino Cortizo, quien delegó ese proceso en los trabajadores y empresarios de la entidad.
Para Gil, se trata de una manera de dilatar un debate en receso desde diciembre de 2021, luego que el Estado gestionara con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un contrato para hacer un análisis actuarial y financiero de la CSS, entregado recientemente.
Gil aseveró que a Cortizo, pero también al director de la CSS, Enrique Lau, se les planteó la necesidad de recomponer y hacer los ajustes necesarios para hacer funcional el diálogo, pero sin que mostraran voluntad de corregir los errores cometidos antes.
En Panamá, la CSS es una entidad pública que depende mayormente de las contribuciones de los trabajadores y los patronos.
Sin embargo, la crisis en sus finanzas era totalmente predecible con una caída en el empleo formal y, por ende, en los aportes de los cotizantes. Un reciente informe de la OIT ratificó la insostenibilidad financiera de uno de sus principales subsistemas, el de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM).
En el documento el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto la caída de los ingresos por contribuciones, el agotamiento en 2024 de la reserva total del programa y el incremento acelerado de nuevas pensiones, crearán una fuerte presión en el creciente gasto del IVM.
Es así cómo el déficit operativo anual proyectado en términos nominales crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los siete mil 500 millones de dólares, según el estudio contratado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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