Tal revelación afloró en el portal G1 tras el decomiso del teléfono celular de Mauro Cid, exayudante de órdenes del exmandatario Jair Bolsonaro, por parte de la Policía Federal (PF).
Cruz estaba en el grupo que, entre otros, tenía a Cid como integrante. La pasada semana, el periodista Cesar Tralli anticipó en la televisora GloboNews que flotaba esa sospecha.
Una vez que descubrió la información, la PF llevó el caso al Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, que mandó a despedir al oficial, subordinado al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). Según integrantes del gobierno, Cruz actuaba en la seguridad directa de Lula e incluso llegó a participar en viajes recientes con el gobernante, como el de Bélgica.
El sitio asegura que el descubrimiento de la presencia de Cruz en el grupo de WhatsApp golpista turbó la guerra de desconfianza entre bastidores de la PF y el GSI.
La policía aboga, desde el año pasado, que la seguridad presidencial sea hecha por la fuerza del orden público.
Entre bastidores, el GSI trata el episodio que involucra a Cruz como otro capítulo de esa pelea.
Miembros del gabinete afirman que el teniente coronel no puede ser juzgado por integrar el grupo sin saber si hubo interacción o participación activa de él en las conversaciones.
La PF califica de grave y preocupante el hecho de que un guardia de seguridad que se ocupa de la protección de la vida del presidente de la República integre un colectivo creado para dar un golpe de Estado.
Incluso, investigadores tienen la información de que el teniente coronel habría pedido ayuda a Cid para conseguir una reubicación de Bahía para Brasilia, lo que, de hecho, ocurrió.
El ministro del GSI, general Marcos Antonio Amaro, confirmó a G1 la salida de Cruz de la seguridad presidencial y aseguró que se trata de una exoneración, no de una dimisión.
También dijo desconocer la existencia de un informe de la PF que indique que Cruz estaba en grupo golpista.
Amaro también comunicó que el GSI planea una reestructuración en el órgano que debe ser publicado la próxima semana.
Bajo pedidos de intervención militar y en rechazo a la asunción al poder de Lula, partidarios radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero las capitalinas sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y Planalto.
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