Se trata de un proyecto de normativa presentada por el Frente Amplio (FA) y al que legisladores de la coalición de gobierno interpusieron reparos y puntos de negociación, que no llegaron a concretarse.
El diputado del FA Carlos Varela expresó al rotativo La Diaria que su colectividad política “siempre aceptó” que era un “proyecto perfectible”, por lo que no tenían problemas en negociar.
No obstante, a poco más de dos años “lo que nunca llegaron fueron los aportes de la coalición”, que eran los artículos que “querían modificar”.
“Más allá de que en más de una oportunidad fijaron determinadas fechas como compromiso para hacerlo, nunca lo hicieron”, acotó.
Para el legislador opositor, “nunca existió la voluntad de que el proyecto saliera” por parte de la coalición, cuando la ley que existe al respecto, de 2009, se ha hecho obsoleta.
Consideró que la realidad que se vive en Uruguay y en Latinoamérica hacen más que necesario una legislación sobre el tema, ante la penetración de los grupos criminales vinculados al narcotráfico en la política.
El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública y ex titular de la secretaría contra el lavado de activos, Ricardo Gil, señaló que “en casi toda la región ha habido problemas por plata del narcotráfico» que ha financiado campañas políticas y partidos.
La parte más grave es la del ingreso de dinero del crimen organizado en la política, porque eso no es gratuito. Suele ser a cambio de favores y a cambio de poder, advirtió.
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