El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los consejeros más austeridad, y entre otras solicitudes semejantes, una rebaja en las asignaciones, salarios menores de los consejeros y reducción drástica en los costos de los procesos electorales, los más caros del mundo, según demostró con estadísticas internacionales.
Pero el INE no cedió a ninguna de las solicitudes y en promedio los siete partidos recibirán cada uno del fisco más de 87 millones de dólares para hipotéticas actividades ordinarias.
El argumento para justificar tan alta asignación fue que, por esa vía, se evitan “influencias indebidas” en las contiendas y se fortalece la equidad, por lo que pidieron a los beneficiarios gastar sólo en lo que la ley les permite.
Martín Faz, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, defendió ese monto bajo un criterio muy peculiar de que ese suministro de recursos públicos a los partidos, lejos de ser un gasto del Estado sin sentido, es una buena inversión para construir y fortalecer «nuestra democracia».
El partido oficialista Morena replicó esas afirmaciones, y declaró que el financiamiento es excesivo. Indicó que de 2020 a 2023 esa agrupación ha reintegrado a la Tesorería de la Federación mil 626 millones de pesos (más de 95 millones de dólares), mientras que no se reportan devoluciones de los demás.
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