A poco del triunfo arrollador en las urnas, el representante del partido Movimiento Semilla confirmó la notificación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas cautelares adoptadas por amenazas de muerte contra su persona.
El exdiplomático coordinó con la actual administración nacional las acciones para responder al fallo emitido, que incluyó proteger también los derechos a la vida e integridad de su compañera de fórmula Karin Herrera.
El titular de Gobernación David Napoleón Barrientos informó luego que de manera interinstitucional se reforzaron las medidas de seguridad para el próximo binomio presidencial, cuya toma de posesión está prevista para el 14 de enero de 2024.
El propio Ejecutivo describió en un comunicado que “los supuestos planes para atentar contra la vida (de ambos) fueron alertados el 20 de agosto”, lo que permitió de forma inmediata realizar las acciones necesarias con la Policía.
El Ministerio Público (MP) expuso, por su parte, que “obtuvo una alerta e información relacionada con estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida” de Arévalo, por lo que coordinó con las fuerzas castrenses las medidas necesarias.
Esta entidad judicial, no obstante, continuó sus interferencias al proceso de los sufragios con la solicitud el martes último al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de datos de la primera y segunda ronda efectuadas.
En otra acción igualmente el mismo día, la Fiscalía contra Delitos Electorales pidió retirar la inmunidad al director del Registro de Ciudadanos del ente rector de las votaciones, Ramiro Muñoz, por posible comisión de delitos.
La entidad reclamó además el miércoles pasado el levantamiento de la inmunidad de la presidente del TSE de Guatemala, Irma Palencia, igualmente por presuntos delitos.
El MP envió una comunicación al Congreso (Unicameral) de Guatemala en la cual notificó la resolución con la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla.
Organizaciones locales e internacionales, incluso este viernes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresaron preocupación por los intentos de socavar los resultados de las elecciones y el acoso al TSE.
Cientos de ciudadanos protestaron ante la sede de la Fiscalía General y exigieron la renuncia de su jefa, Consuelo Porras; el de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; y la agente fiscal, Cinthia Monterroso.
La aspirante de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, quien desde el domingo había permanecido en silencio, apareció junto a miembros de su agrupación para denunciar presuntas irregularidades en el conteo de votos del día 20.
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