Se trata de Naiser Franco Casteñada y John Jairo Alegría Suárez, detenidos desde julio de 2021 tras ser señalados como parte del comando que ultimó al gobernante e hirió de gravedad a su esposa Martine Étienne.
Desde el asesinato, una veintena de colombianos están arrestados en la Penitenciaría Nacional, sin que se le imputen cargos, lo cual genera críticas al sistema judicial.
El expediente que fue investigado por otros cuatro jueces de instrucción avanza lentamente, pese a la presión interna e internacional.
A inicios de este mes se conoció que el magistrado Voltaire tiene la intención de citar al primer ministro Ariel Henry y otros altos funcionarios gubernamentales.
Medios de prensa revelaron que el juez envió una orden al comisionado de Gobierno de Puerto Príncipe, en la cual indicó que desea escuchar a Henry y citó el artículo 398 del Código de Instrucción Penal.
Además, el juez podría recibir en audiencia al ministro de Economía y Finanzas, Patrick Boisvert y al titular de Planificación y Economía, Ricard Pierre.
Igualmente, a Guyto Édouard, responsable de la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento; Amos Zéphirin, director general del Ministerio del Interior y Jeantel Joseph, al frente de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas.
Dos años después del magnicidio organizaciones políticas y de derechos humanos critican la falta de progresos tangibles en la pesquisa.
De hecho, varias voces abogan por el establecimiento de un tribunal especial que enjuicie a los sospechosos y mencionan cortes especiales en Camboya, Líbano, Sierra Leona y la República Centroafricana, así como las cámaras extraordinarias y penales en África y Kosovo.
Moïse fue asesinado en su residencia privada el 7 de julio de 2021, aparentemente por un comando armado integrado por exsoldados colombianos, en complicidad con haitianos estadounidenses, así como ciudadanos de otras nacionalidades, arrestados en Estados Unidos.
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