La Jornada, Milenio, el Universal y otros diarios se hacen eco de las declaraciones de Piña en respuesta a revelaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay numerosos magistrados que ganan mensualmente hasta más de 40 mil dólares mensuales, una exageración para su trabajo y responsabilidades.
Eso no incluye los presuntos ingresos por corrupción de jueces, cuya actuación en favor de la delincuencia es denunciada a diario y siguen en sus puestos.
De la misma manera, el gobierno denuncia que instancias de ese poder, como el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral son las instituciones comiciales más caras del mundo, según estadísticas extranjeras presentadas.
Piña rechazó cualquier recorte al presupuesto del Poder Judicial y anunció que pidieron para el año próximo un aumento real de 4,0 por ciento, con lo cual el gasto del máximo tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ascendería a más de 84 mil 792 millones 400 mil de (los cinco mil millones de dólares indicados).
“Lamentablemente la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición aún mayor en desventaja para acceder a sus derechos”, argumentó de forma inconsistente la magistrada.
En una inédita sesión solemne en la que estuvieron los ministros de la Corte, los consejeros de la judicatura y los magistrados electorales, convocada por Piña sólo para hacer este anuncio, se afirmó que economizarán y ahorrarán, pero que no pueden aceptar un recorte, indica La Jornada.
El anuncio se dio en momentos en que el Poder Judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador han tenido roces por los fallos contra las acciones de gobierno, como el reparto de los libros de texto gratuitos, lo que ha llevado a algunos diputados de Morena a manifestar su intención de disminuir sus recursos para el próximo año, agrega el diario.
Según la propuesta de Piña, el mayor monto sería destinado a la Judicatura, la SCJN que ella preside, y el TEPJF, y dijo que no puede ser negociable porque
cualquier función pública está directamente condicionada a la autosuficiencia presupuestal.
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