El general (r) Mario Montoya, junto a otros ocho militares, fueron acusados por ser autores de «crímenes de guerra y de lesa humanidad», sentenció la JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016. La instancia señaló que Montoya y los otros militares cometieron «asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado», durante el 2002 y 2003 en el oriente del departamento de Antioquia.
Montoya quien era entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, también fue acusado de «mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate».
Además, por «emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados», explicó la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.
La JEP también imputó a Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero (ambos teniente coronel), a cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular.
«Existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables», señala el auto acusatorio.
Este tipo de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, fue «una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate».
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la JEP, señaló que esos oficiales instigaron o indujeron a los ejecutores materiales.
Montoya es el militar de mayor rango que ha rendido versión ante la JEP por el caso «falsos positivos», nombre dado al caso que involucra principalmente a miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno.
La JEP, en un informe de febrero de 2021, estableció que la cifra total de víctimas era de seis mil 402 entre 2002 y 2008, principalmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
De las seis mil 402 víctimas de homicidios y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate identificadas por la Sala entre 2002 y 2008, mi 613 ocurrieron en el departamento de Antioquia.
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