Se trata de una audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para garantizar la seguridad y la vida de comparecientes sometidos ante la JEP.
Los citados son el fiscal general, Francisco Barbosa; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas.
La JEP señaló que mediante esta providencia judicial se valorará la situación y se tomarán las decisiones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los deberes respectivos por las citadas entidades.
Señaló que la situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz continúa siendo crítica y con el asesinato del excombatiente Julio César Guetoto Cayapu, el pasado 20 de agosto en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, suman desde el 2016, 382 las víctimas de homicidio y 26, en lo corrido del 2023.
El pasado miércoles, el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación exigió garantías al Estado de Colombia para salvaguardar la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz.
«Las y los firmantes de paz exigimos se materialice el compromiso del Estado colombiano de brindar garantías sólidas para el ejercicio de la política, el fortalecimiento del tejido social y la reconciliación del pueblo colombiano», manifestó.
Esta madrugada, Marino Molina, dirigente del partido Comunes, firmante de paz y negociador del Acuerdo Final, sufrió un atentado por hombres fuertemente armados en su lugar de residencia, ubicado en el barrio San Rafael, en la localidad Puente Aranda de esta capital, donde dos de sus escoltas resultaron heridos.
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