De acuerdo con la disposición del presidente Alberto Fernández, dicha instancia funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y estará integrada por entre cinco y siete expertos.
Pese a multitudinarias protestas, en junio fueron aprobadas modificaciones a la Constitución jujeña propuestas por el gobernador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical), quien respondió con la fuerza a las demostraciones que continuaron tras ese hecho.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social, se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, el 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto. El Gobierno nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, agrupaciones indígenas y sindicales condenaron esas violaciones y denunciaron la persecución, los allanamientos y arrestos registrados en Jujuy contra quienes se opusieron a la reforma.
Por su parte, integrantes de cientos de comunidades originarias llegaron a esta capital en una marcha conocida como el Malón de la Paz para defender el derecho a sus tierras y denunciar las irregularidades cometidas.
Según el decreto de esta jornada, la comisión analizará las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la policía provincial.
Además, tendrá 60 días para elaborar un Informe y presentarlo ante el Congreso y la Corte Suprema junto a recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
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