A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en un comunicado detalló que, según el informe de la Comisión de la Verdad, más de 121 mil personas desaparecieron forzosamente en Colombia de 1985 a 2016.
«Desafortunadamente, la desaparición en Colombia no es algo del pasado, es algo del presente. Desde diciembre 2016, registramos mil 333 casos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados y la violencia, 309 en 2022 y 222 entre enero y agosto de este año», detalló Carffi.
En nombre del CICR, pidió a los actores armados que tomen las medidas necesarias para prevenir la desaparición de personas, inclusive por medio del manejo adecuado de restos mortales.
Además, que compartan con las instituciones dedicadas a la búsqueda toda información útil para esclarecer el paradero y la suerte de las personas desaparecidas en relación con los conflictos armados y a la violencia.
«Las familias de las personas desaparecidas continúan sufriendo por la desaparición, a pesar de que haya acontecido hace años. La incertidumbre de no saber dónde está y qué ha acontecido a su familiar desaparecido, afecta su salud mental y tiene un impacto social y económico en su día a día», enfatizó.
También invitó a las instituciones colombianas responsables de atender la problemática de la desaparición o que tengan información útil para la búsqueda, para que apoyen la iniciativa de creación de un sistema nacional de búsqueda.
Sería una instancia que pueda atender las necesidades de coordinación, tanto para la activación del mecanismo de búsqueda urgente como para el acceso a la información por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, añadió.
Convocó a las instituciones responsables de atender la problemática de la desaparición para que conozcan en profundidad el mecanismo de búsqueda urgente y a los jueces y fiscales para que lo activen de la manera más rápida posible.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General en una resolución expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como arrestos, detenciones y secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas.
Además, por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
En tal sentido decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
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