Un informe divulgado hoy aseguró que a finales del año pasado, casi dos mil 900 personas cumplían condenas por este sistema que se aplicaba a delincuentes que representaban un riesgo significativo para la población hasta que dejaban de ser peligrosos.
La pena fue aplicada en virtud del sistema de Encarcelamiento para Protección Pública (IPP, por sus siglas en inglés), «ampliamente desacreditado y ahora abandonado», a juicio de la experta.
Bajo esta condena, los reclusos tienen dos veces y media más probabilidades de autolesionarse que la población penitenciaria general, reconoció el texto.
Estas sentencias se han convertido en crueles, inhumanas y degradantes, reconocidas por sucesivos gobiernos del Reino Unido e incluso calificadas de indefendibles por un ministro de Justicia, pero persisten, señaló.
Las condenas IPP, de duración indeterminada, fueron dictadas por los tribunales de Inglaterra y Gales entre 2005 y 2012, y desde 2021 al menos 65 presos bajo este régimen se quitaron la vida.
Cuando se introdujeron por primera vez, eran obligatorias en todos los casos de condena por un «delito grave», que incluía más de 50 crímenes específicos.
Esto provocó que más de ocho mil 700 personas fueran condenadas con ese sistema, sin embargo, cuando se dejó de usar, las penas no se cancelaron de forma retroactiva.
«El Gobierno debe redoblar sus esfuerzos para garantizar oportunidades de rehabilitación a todos los afectados, así como el acceso a reparaciones adecuadas y apropiadas», insistió Edwards.
En esa misma línea, un reciente informe del Parlamento de Reino Unido reconoce los «importantes daños psicológicos» que sufren estos presos, entre los que se incluyen altos niveles de autolesiones, intentos o ideas de quitarse la vida y suicidios reales.
mgt/ebr
