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Confirman resolución de casos de embarazadas asesinadas en Argentina

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Buenos Aires, 1 sep (Prensa Latina) La asociación Abuelas de Plaza de Mayo confirmó hoy la resolución de cuatro casos de mujeres embarazadas que fueron asesinadas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

En un comunicado, dicha organización precisó que como resultado del trabajo realizado junto al Equipo de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el poder judicial, se pudo determinar que a Dora Vargas, Olga Vaccarini, Hilda Farías y Liliana Girardi las mataron antes de dar a luz.

De esta manera, ascendió a 137 la cifra de casos resueltos y las Abuelas lamentaron que la búsqueda concluyera con ese espantoso final.

A lo largo de estos casi 46 años de lucha dimos por cerrados 15 expedientes de mujeres asesinadas antes parir y hoy debemos sumar a esa lista cuatro más. Ello requirió investigación, trámites y reconstrucción. También un tiempo de asimilación por parte de las familias que, en muchas ocasiones, decidieron hacer el duelo en la intimidad, señala el texto.

El terrorismo de Estado cometió los crímenes más horrendos: desapariciones forzadas, secuestros, torturas, asesinatos, delitos sexuales. Los genocidas arrojaron personas vivas al mar, mantuvieron detenidas a mujeres embarazadas hasta dar a luz para quedarse con sus bebés y luego matarlas, añade.

Asimismo, precisa que las identificaciones anunciadas hoy son producto de indagaciones documentales, exhumaciones de fosas comunes, comparaciones de huellas dactiloscópicas y decadactilares, entre otras pericias realizadas por diversas instituciones y organismos que trabajan para reconstruir lo que ocurrió con las víctimas de la dictadura.

Por otra parte, condena el silencio de los genocidas, lo cual impide a muchas familias conocer el paradero de sus seres queridos.

Los restos de Vaccarini(1954-1977), Farías (1953-1976) y Girardi (1955-1976) fueron identificados por el EAAF en 2022, 2019 y 2012, respectivamente. El caso de Vargas (1953-1977) fue más complejo. Los tiempos de los trámites judiciales, más el impacto emocional que significa para las familias afrontar la noticia, hicieron que el proceso tomara años, apunta el comunicado.

No solo cometieron los crímenes, sino que los ocultaron. Los genocidas tienen la información, pero no la comparten. Es por eso que resulta tan difícil encontrar a los nietos que faltan y concluir la búsqueda de los casos que no llegaron a término. Necesitamos que la sociedad siga aportando datos y que se rompan los pactos de silencio, indica.

oda/gas

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