El 1 de septiembre de 2022 Fernando Sabag, de 35 años, apuntó con una pistola a la cabeza de la también titular del Senado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
Aunque apretó el gatillo, el arma no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal.
También fue arrestada su novia Brenda Uliarte y un hombre llamado Gabriel Carrizo por su papel en la planificación y ejecución de los hechos.
En varias ocasiones, la vicemandataria denunció la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del ataque y acusó a la jueza María Eugenia Capuchetti de entorpecer y demorar las indagaciones cuando se hallaron pruebas que apuntaban a miembros de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana.
Fue uno de los hechos de violencia política más graves desde el retorno a la democracia. Se cumple un año de impunidad con un partido judicial que se dedicó a encubrir y no investigar. Sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto, señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Queremos una Argentina donde la justicia funcione para todos y no se sigan promoviendo y fomentando los discursos de odio. Como dijimos en aquel entonces: no fue un atentado a una persona, sino contra toda la democracia, añadió.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció la gravedad de que no sea investigado en profundidad el ataque cuando se cumplen 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales publicó un comunicado en el que señala que “el intento de magnicidio expresó una violencia política que circulaba en ámbitos sociales y políticos. Sacudió la idea de que los consensos nos protegían de ese tipo de acciones y que Argentina era inmune a un movimiento global de extrema derecha”.
Asimismo, señaló que ese suceso forma parte de agresiones contra líderes progresistas, del campo nacional y popular, organismos de derechos humanos y feministas, entre otros.
Que a un año del atentado no haya claridad sobre quiénes lo alentaron y que el Poder Judicial no sea eficaz en dar respuestas a la sociedad, envía una señal sobre la falta de consecuencias de la violencia política. Esto es peligroso para la vida democrática, asevera el texto.
Los grupos que apoyaron acciones de ese tipo en el espacio público y construyeron su identidad a partir de una escalada bélica se transformaron en una opción electoral con la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), alerta.
De su lado, la Asociacion Madres de Plaza de Mayo reiteró su respaldo a la vicepresidenta y resaltó la necesidad de fortalecer la lucha en las calles para defender la democracia.
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