La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó hoy que presentará de inmediato la apelación y una queja en contra de la resolución del juez de control federal en la Ciudad de México Gerardo Genaro Alarcón López, quien el jueves pasado decidió suspender el juicio en contra de Lozoya por la compra ilícita en 200 millones de dólares de una fábrica de agronitrogenados.
El fraude fue de mucho mayor cantidad, pues para intentar echarla a andar -pues era una fábrica chatarra obsoleta- se invirtió más de lo que costó y al final no entró en producción.
Uno de los compradores pagó un resarcimiento de poco más de tres millones y salió libre, pero a Lozoya se le piden 20 millones y solo quiere pagar 10 millones, pero el juez Alarcón López lo exoneró y no tiene que pagar ni un solo centavo bajo el argumento de que uno de los inculpados ya pagó el resarcimiento y eso es válido para los demás encartados.
La FGR calificó a esta resolución como ilícita, injusta y notoriamente parcial, pues afirma que violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que señalan los artículos del 186 al 190.
El juez basó su decisión en una tesis aislada según la cual cuando una de las partes responde por la reparación de daños, los procesos contra otros presuntos responsables se suspenden, lo que habría ocurrido en este caso cuando el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) Alonso Ancira afirmó que reintegraría el dinero defraudado.
Por tratarse de una tesis aislada, aprobada por un tribunal colegiado, el juez no estaba obligado a adoptar el mismo criterio jurídico.
El juez, en su determinación, se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México, señala fiscalía.
La FGR indica que, en el caso específico, Alonso Ancira no ha cumplido íntegramente, “ni ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal, de la planta industrial Agronitrogenados a Pemex”.
Agrega que por ello la determinación del juez Alarcón López violó también la Ley de Amparo dañando gravemente a las víctimas y dando una ventaja indebida al acusado.
El juez también ignoró la acusación sobre que Ancira habría entregado a Lozoya un soborno de cerca de cuatro millones de dólares, dinero que habría invertido para comprar una residencia de lujo en la capital del país, acciones que se tipifican como un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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