El decreto oficializa la posesión nativa Rio Gregório, en Tarauacá, en el estado de Acre (noroeste), de los pueblos Katukina y Yawanawá; y Acapuri de Cima, en Fonte Boa, en el Amazonas, de la comunidad Kokama.
Tras la signatura en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, el gobernante señaló que «el pueblo amazónico merece tener sus derechos garantizados para una vida mejor».
La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, indicó por su parte que «luchamos por la Amazonia viva, para que sigamos vivos. Amazonia es vida para todos nosotros, todo el planeta”.
Insistió en que se trabaja «por una Amazonia capaz de sostener y compartir su riqueza en beneficio de la supervivencia de la Tierra».
Lula firmó en abril la demarcación de seis territorios nativos, los que constituyó la primera aprobación de su tercer mandato y, según el gobierno, cerró un período de cinco años sin jurisdicciones.
Realizada por decreto rubricado por el presidente de la República, la homologación es el último acto antes del registro formal del patrimonio indígena.
Ahora, tal rúbrica de Lula ocurre en momentos en que el Supremo Tribunal Federal (STF) analiza el llamado marco temporal que definirá el futuro de la jurisdicción de las tierras originarias.
El marcador está cuatro a dos contra la polémica tesis, la cual establece que los nativos solo tienen derecho a posesiones tradicionalmente ocupadas por ellos el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.
La iniciativa resulta una interpretación del artículo 231 de la Carta Magna en la que «se reconocen a los indígenas, su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones».
De igual manera, «los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, competiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes».
Para las comunidades ancestrales, que están contra el marco temporal, la posesión histórica de una tierra no necesariamente está vinculada al hecho de que un pueblo haya ocupado determinada región el 5 de octubre de 1988.
Detallan que muchas comunidades son nómadas y otras fueron retiradas de sus tierras por la dictadura militar (1964-1985).
El ministro André Mendonça concluyó el jueves su voto y estuvo a favor del marco temporal.
A continuación, el magistrado Cristiano Zanin rechazó el hito transitorio.
La sesión terminó con el voto del juez Luís Roberto Barroso, también contra la teoría, apoyada por el sector rural.
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