En febrero último, un comunicado de Casa Presidencial explicaba que la incorporación del país a la denominada lista negra se debía al incumplimiento con el compromiso adquirido por la anterior administración, de reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales antes del 31 de diciembre de 2022.
Refería el texto además que los lineamientos de la UE establecen que las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar una ‘competencia desleal’ entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición, refiere Casa Presidencial.
Ahora, la nueva solución adoptada reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta para aclarar la obligación de gravar todas esas rentas extraterritoriales a entidades no calificadas o empresas de papel; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).
Ese camino fue apoyado por diputados de los partidos Liberación Nacional, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Nueva República.
La decisión fue calificada por el Frente Amplio y el Partido Progreso Social Democrático, este último en el poder, como un favor a los intereses de grandes empresas que buscan evadir ese pago.
El Congreso volverá a votar mañana en un segundo debate, y si se logra el expediente se trasladará de inmediato a Casa Presidencial para su firma y de ahí se enviaría a la UE para una primera revisión el próximo 15 de setiembre.
mgt/alb
