De acuerdo con estimaciones de entidades internacionales divulgadas aquí, más de 330 mil personas cruzaron la selva tropical ubicada entre Colombia y Panamá en los primeros ocho meses del año y la quinta parte de ellos fueron niños.
La cifra supera los índices de 2022, cuando 248 mil migrantes y desplazados atravesaron el Tapón del Darién, conocido por su vegetación densa, la presencia de grupos criminales, ríos de corrientes fuertes y otros peligros para su cruce.
Esta semana, la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos advirtió sobre las vulnerabilidades que enfrenta este número sin precedentes de migrantes y refugiados en su viaje hacia Estados Unidos en un contexto agravado por la limitación de fondos para ayuda humanitaria.
“Las personas migrantes y refugiadas están expuestas a múltiples violaciones y abusos de derechos humanos durante su viaje, incluida la violencia sexual, que es un riesgo particular para los niños, las mujeres, las personas LGBTI o con discapacidad”, dijo la portavoz de la oficina, Marta Hurtado en conferencia de prensa en Ginebra.
Durante esa travesía también ocurren asesinatos, desapariciones, tráfico, robo e intimidación por parte de grupos del crimen organizado, añadió la vocera.
La entidad de ONU lamentó en este contexto la limitada atención humanitaria que reciben quienes cruzan el área, tanto en Panamá como en Costa Rica, con centros de apoyo al límite de su capacidad.
En territorio panameño se construyeron dos entidades de recepción de migrantes para brindar a los viajeros refugio, alimentos, atención médica, agua y saneamiento pero estos enfrentan también el aumento del movimiento migratorio.
La Oficina reconoció los esfuerzos de ambos países ante estos desafíos pero aseguraron que las autoridades no cuentan con fondos suficientes para enfrentarlos.
El contexto, agregó Hurtado, demanda del apoyo regional con soluciones basadas en los derechos humanos para la migración y que garanticen una gobernanza fronteriza de conformidad con las normas internacionales.
ro/ebr