Desde febrero último, Costa Rica forma parte de la denominada lista, por incumplimiento con el compromiso de reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales antes del 31 de diciembre de 2022.
Un comunicado de Casa Presidencial expone, además, que los lineamientos de la UE establecen que las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar una ‘competencia desleal’ entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición.
Con esta aprobación, la iniciativa elimina la discrecionalidad administrativa y define que en Costa Rica rige la renta territorial, que implica gravar únicamente las ganancias o utilidades generadas en este país.
En el caso de las ‘empresas de papel’ radicadas aquí, sí se les gravará con el impuesto de la renta sus ganancias obtenidas en el exterior.
A esta aprobación se negaron la fracción del Frente Amplio y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), bancada en el poder.
La jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, mostró insatisfacción y explicó que se exonera a grandes empresas de pagar impuestos, mientras su homólogo del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, contradijo ese criterio e indicó que no se está beneficiando a ningún sector.
La iniciativa avalada en segundo debate pasará entonces a Casa Presidencial, donde el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, deberá decidir si la firma para que entre a regir como Ley, o la veta.
Costa Rica fue incluida en la lista de países no cooperantes en materia fiscal desde el 14 de febrero y en octubre deberá someterse a una evaluación por parte de las autoridades de la UE.
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