El presidente Joe Biden renovó la víspera por segunda vez la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14046 que impone sanciones a determinadas personas respecto a la crisis humanitaria y de derechos humanos en Addis Abeba.
Biden anunció por primera vez la decisión el 17 de septiembre de 2021 en el contexto de la guerra en curso en las regiones de Tigray, Afar y Amhara “marcada por violencia generalizada, atrocidades y graves abusos contra los derechos humanos, incluidos aquellos que involucran la violencia de origen étnico, la violación y otras formas de violencia de género”.
De igual modo, precisó que la obstrucción de las operaciones humanitarias constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior del país norteño, de ahí la declaración de una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza.
Al renovar la orden ejecutiva, la Casa Blanca comunicó que Etiopía “continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por esta razón, la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14046 del 17 de septiembre de 2021, debe continuar vigente más allá del 17 de septiembre de 2023”.
Según las condiciones especificadas en el documento original, se encuentra el apoyo de Washington para promover un alto el fuego negociado y una resolución política de la guerra, la retirada de las fuerzas de Eritrea y promover la unidad, la integridad territorial y la estabilidad etíope.
La decisión de Biden contradice lo manifestado por representantes de la sede diplomática estadounidense aquí y de enviados especiales de acompañar la implementación del Acuerdo de Paz de Pretoria, firmado el 2 de noviembre último en Sudáfrica que puso fin al conflicto entre el gobierno y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).
Después de 10 días de conversaciones, con la mediación de la Unión Africana, ambas partes acordaron el cese de las hostilidades, el reinicio de la ayuda humanitaria a la población afectada, además de la sanación y reconciliación como pilares para preservar la soberanía e integridad.
Otro paso positivo en esa dirección fue la decisión de la Cámara de Representantes de los Pueblos (Parlamento), en sesión extraordinaria realizada el 22 de marzo pasado, de eliminar al TPLF de la lista de terroristas que integraba desde mayo de 2021.
De forma paralela, son implementadas consultas populares para un proceso de justicia transicional y un Diálogo Nacional, este último previsto el próximo año, con el objetivo de discutir sobre problemas económicos, políticos y sociales antiguos y actuales que afecten a la población y pudieran ser motivo de conflictos en el futuro.
En el caso de la justicia transicional, se espera contribuya a la paz, la reconciliación luego de identificar más de 60 áreas para la realización de consultas con víctimas, comunidades afectadas por el conflicto, líderes religiosos y comunitarios, medios de comunicación, personas influyentes y segmentos de la sociedad.
Según fuentes oficiales, los mecanismos de justicia transicional se convirtieron en parte integral de los esfuerzos para pasar del conflicto y el orden político autocrático caracterizado por la violencia, la división y la represión a un orden pacífico y democrático.
En el marco de ese proceso, serán tratados los cargos penales contra líderes civiles y militares del TPLF por delitos cometidos durante el conflicto armado.
Un comunicado del Ministerio de Justicia así lo confirmó el 29 de marzo pasado y precisó que los procesos abiertos fueron retirados en conformidad con el Artículo 6 (3) (e) de la Proclamación No. 943/2008, el cual regula este tipo de decisiones teniendo en cuenta un interés público y previa consulta con el primer ministro.
Etiopía avanza en la implementación del acuerdo de paz y así lo reconoce la comunidad internacional que, teniendo en cuenta la estabilidad en el país, ha recuperado la confianza para invertir en los diferentes renglones de la economía nacional. Según la Unión Africana, la experiencia etíope en la resolución del conflicto debe replicarse en la región.
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