Este sábado, los dos jefes de Estado recibirán las iniciativas y propuestas emanadas de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: ‘Para la vida, la paz y el desarrollo’, que se celebra desde el jueves en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.
Los dos gobernantes tendrán a su cargo las conclusiones de la cita de la cual se espera sea el inicio de un proceso regional de diálogo y participación basados en el principio de responsabilidad común y compartida.
Además, que constituya un ejemplo para la comunidad internacional con una nueva visión que ponga la vida, la paz y el desarrollo por encima de la guerra.
El anuncio de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: ‘Para la vida, la paz y el desarrollo’ lo hizo Petro en Argentina durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en enero último.
Durante su intervención en esa máxima reunión de las naciones de la región, reiteró su criterio del «rotundo fracaso» de la guerra contra las drogas impulsada por el presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974)
Desde entonces, dijo el mandatario colombiano, un millón de latinoamericanos han muerto y otros millones de norteamericanos, sobre todo negros, han sido apresados por ese fenómeno.
Enfatizó que los países de la región y también del mundo se tienen que juntar en torno a una nueva política de drogas marcada por la educación y la prevención para acabar con la violencia y la muerte en el continente. Asimismo, en julio pasado, en el contexto de la III Cumbre de la Unión Europea y la Celac, Petro aseguró que es el momento de evaluar y plantear nuevas estrategias quizás más eficaces
«México y Colombia, que han sido víctimas profundas de ese tipo de política tienen todo el derecho a reunirse y ahí vamos», expresó el jefe de Estado al confirmar la celebración de esa conferencia.
Petro recordó también las consecuencias de «lo que han sido 50 años de la mal llamada guerra contra las drogas».
En ese sentido dijo que ha provocado “un millón de muertos, millones de presos y un cambio de la estructura de consumo en los Estados Unidos mortal, ahora con el fentanilo; 100 mil muertos al año y con una desestabilización democrática muy profunda en muchos países”.
También, cuatro años antes, López Obrador aseguro que la función principal de su gobierno era garantizar la seguridad pública y no la estrategia de los operativos para detener a capos.
«Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada», dijo el mandatario sobre la lucha contra el narcotráfico en México.
Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas en la década de 1970, Estados Unidos y algunos países europeos proveyeron al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes para combatir el tráfico de drogas.
El programa más notable fue el polémico Plan Colombia, destinado a combatir los grupos armados ilegales.
Sin embargo, Colombia continuó siendo el líder mundial en producción de cocaína con aproximadamente el 70 por ciento del total de distribución a nivel mundial y el 90 por ciento del procesamiento, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2004.
Incluso el cultivo, la producción, y el tráfico de drogas alcanzaron mayores niveles y una de las consecuencias del Plan Colombia es que el cultivo de coca para uso ilícito, regresó a Perú y Bolivia, y las rutas cambiaron a otros países como México.
De acuerdo con Ted Galen Carpenter, vicepresidente de estudios de defensa y política exterior del Cato Institute, un «tanque pensante» radicado en Washington, D.C., este fenómeno se presenta porque estas actividades son ilegales y los actores tienen que cambiar las rutas para sobrevivir.
En este sentido, se puede señalar que países como México son una víctima de la guerra contra las drogas en Colombia.
En la cita de Cali participan Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, a los que se unió un grupo de países observadores.
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