Tras realizar una consulta ciudadana en las localidades de Donoso y Omar Torrijos (Colón) y en La Pintada (Coclé), donde está enclavada la filial de las trasnacional canadiense Firts Quantum Minerals (FQM), las deliberaciones de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos se trasladaron a la capital, en medio de una creciente ola de protestas contra ese pacto.
La víspera, integrantes del poderoso Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) rodearon las instalaciones de FQM y exigieron que el pacto sea anulado, por SER lesivo a la soberanía nacional.
En declaraciones a Prensa latina, uno de los dirigentes del Suntracs, Yamir Córdoba, precisó que estarán atentos a que los legisladores no tengan la osadía de llevar ese proyecto a segundo debate, porque de lo contrario estas acciones se van a intensificar en las calles.
Para el próximo miércoles, los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida, protagonizarán una concentración frente a la sede de la Presidencia de la República
Durante toda esta semana, también en las afueras del Parlamento se desarrollarán vigilias y peñas culturales para denunciar los daños a la naturaleza que ocasiona la minería metálica a cielo abierto.
Los manifestantes también acudirán a la embajada de Canadá en el istmo para repudiar ese convenio, y si el texto entra a segundo debate habrá una marcha nacional como las de pasado 5 de septiembre, que cerro con acciones represivas con gas pimienta empleadas por la Policía para dispersar a los protestantes, muchos de ellos estudiantes
El pasado jueves una delegación de las organizaciones sociales presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por desacato del Gobierno en torno al contrato, que ese ente rechazó.
A juicio del abogado experto en temas de minería y arbitraje Guillermo Cochez,, de aprobarse en la AN el nuevo contrato suscrito en marzo entre el gobierno y el operador de la mina Cobre Panamá, las consecuencias serían “catastróficas”.
Cochez también calificó el acuerdo como “lesivo a los intereses del país” debido a diversas concesiones inconstitucionales que se le otorgarían a la minera, por lo que exhortó a las partes a renegociarlo y eliminar los puntos conflictivos antes de que sea tarde.
Acerca de las irregularidades de este texto, el experto mencionó que en términos formales, el Ejecutivo debió haber hecho una licitación porque se trataba de un contrato nuevo y, si no la hacía, tenía que solicitar una excepción de licitación que usualmente se hace en estos casos, y no se hizo.
En segundo lugar, dijo, se hace un contrato nuevo porque el contrato de 1997 lo declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia, pero le da validez a un estudio de impacto ambiental que estaba dentro de ese contrato en 2011.
Si el contrato fue nulo, el estudio de impacto ambiental debió ser hecho nuevamente. Sin embargo, han buscado maneras de evitarlo. Las condiciones ambientales de 2011 son totalmente diferentes a las de 2023, remarcó.
En tercer lugar, agregó, en ese contrato se le da a la minera una serie de concesiones como la de establecer un puerto, como si fueran un Estado soberano, donde ellos van a poder cobrar tarifas y Panamá absolutamente nada.
Le otorgan también, recordó, una concesión para adquirir nuevas tierras del Estado y de manos privadas, que son campesinos o indígenas por lo general y, si los privados no se las quieren vender, les conceden la facultad para expropiar esas tierras, lo cual es inadmisible, remarcó.
mem/ga
