“Este golpe electoral se debe detener”, reclamó la entidad de la sociedad civil, y defendió el derecho de sufragio universal y la pureza del proceso de los sufragios.
En el amparo señaló la orden judicial de allanamiento, inspección y registro, autorizada por el Juzgado Séptimo, Freddy Orellana, y ejecutada por el personal del ente investigador.
También la apertura de cajas electorales y su posterior embalaje dentro de la diligencia de allanamiento en el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Aparte de Orellana, mencionó a los jefes del MP, Consuelo Porras, y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quien dispuso la apertura de 160 cajas que contienen el voto del pasado 25 de junio.
Ante los allanamientos de la víspera, el TSE, el partido Movimiento Semilla y otras organizaciones presentaron recursos legales contra las acciones del MP, calificadas de ilegales, inauditas e inéditas en la historia nacional.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, exigió la renuncia inmediata de sus cargos de Porras, Curruchiche y Orellana.
Ante la situación creada, suspendió temporal la participación en el proceso administrativo de transición, “en tanto se restablecen las condiciones institucionales necesarias”, subrayó el actual diputado.
Entidades locales e internacionales muestran su preocupación por el allanamiento a las cajas con las papeletas de los sufragios y piden que detengan los ataques a la democracia de Guatemala.
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