Mediante un comunicado, el gremio rechazó las actuaciones que irrespetan la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, mientras subrayó que ninguna norma ordinaria supera la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la entidad rectora de las votaciones.
En relación con los allanamientos al Registro de Ciudadanos y el Centro de Operaciones del Proceso Comicial, la APG remarcó que representan un delito y violación a lo que establece la Ley Suprema y la Electoral.
Especificó que constituyen acciones ilegales las que implementan el MP y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien emitió la orden para las diligencias, por las cuales abrieron cajas de los sufragios del 25 de junio pasado.
La Asociación expuso que con estas prácticas se vulnera el proceso electoral, el cual destacó fue reconocido por su transparencia y amplia participación ciudadana, tanto por sectores locales como por la observación internacional.
“La APG demanda de la CC una resolución que ponga fin a estas acciones y se proceda conforme con la Ley a la inmediata destitución de las autoridades del MP”, exhortó en el texto.
Llamó a las organizaciones políticas participantes en las elecciones, el colegio de abogados, las universidades, el sector privado y otras instancias a que se pronuncien y protejan la democracia.
Sugirió a la sociedad guatemalteca estar atenta a cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia democrática y a hacer valer su derecho de manifestación.
Este jueves la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmó la conclusión, luego de casi tres jornadas, del cuestionado allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en 70 cajas de los comicios.
Hace dos días atrás el presidente electo del país, Bernardo Arévalo, exigió la renuncia inmediata de sus cargos de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y de Orellana.
Entidades públicas y privadas, iglesias y otros sectores manifestaron su preocupación por los allanamientos del MP y se sumaron al reclamo de una “preservación del orden constitucional”.
lam/znc
