Así lo informó hoy el juez de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, Patricio Lugo, quien dictó la sentencia. Solo uno de los 12 acusados quedó libre de cargos.
Los centroamericanos fueron asesinados y sus cuerpos calcinados dentro de un vehículo. Los policías fueron declarados culpables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.
Organizaciones de Tamaulipas que acompañan a familiares de víctimas, consideraron emblemática y ejemplarizante la sentencia ya que es la primera condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes.
Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala informaron que está pendiente la audiencia para individualizar la pena de cada persona responsable y también la reparación del daño.
Resaltaron que el proceso para llegar a esta sentencia ha sido “tremendamente difícil para las familias de las víctimas” que viven en otro país, pues 17 eran originarios de Guatemala y uno de El Salvador, ya que se enfrentan “a un sistema judicial complejo que desconocen totalmente.
Durante el juicio, que comenzó el 22 de mayo pasado, fueron presentados más de 60 testimonios para reconstruir esa “horrenda” tragedia y para ello intervinieron vecinos del lugar, peritos forenses, analistas, expertos en múltiples disciplinas y policías de investigación.
El agente Ismael Vázquez fue clave, pues se acogió al criterio de oportunidad que permite que pueda decir lo que sucedió, a cambio de un beneficio que, en este caso, fue la exclusión del delito de homicidio.
Este policía relató con lujo de detalles la masacre: “Al acercarme a la camioneta tipo pick up, vi personas heridas en la parte de la batea y al abrir la puerta de la cabina, me percaté que había mujeres heridas por arma de fuego y una de ellas sin vida, así como un menor de edad…”
«Horacio (coordinador Grupo de Operaciones Especiales) dio la instrucción de rematar a las personas que aún se encontraban con vida… Regresamos al día siguiente para empezar a levantar los casquillos que habían quedado en el lugar y colocar otros de diferentes armas”. Luego los incineraron.
Las organizaciones reconocieron que aún queda pendiente la investigación respecto a los demás servidores públicos involucrados en la masacre, entre ellos otros policías que estuvieron presentes, la cadena de mando y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, pues el vehículo en el que se transportaban las víctimas había sido retenido por la delegación de dicho órgano de Nuevo León, en diciembre de 2020.
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