Ante las medidas adoptadas por Santo Domingo, que incluyen el cierre de la frontera, suspensión de visados a ciudadanos haitianos, prohibición del comercio y la transportación binacional, la organización alentó al primer ministro Ariel Henry a comportarse a la altura de los acontecimientos y hacer cumplir los convenios y tratados internacionales.
También denunció la prohibición de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano de República Dominicana, de transportar a haitianos, indocumentados o no, en sus rutas, lo cual quedó sin efecto este lunes.
“Esta decisión de corte fascista, discrimina a los haitianos, viola el derecho internacional, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual la República Dominicana es parte”, advirtió OPL.
Desde hace varias semanas crecieron las tensiones entre Haití y el vecino país, luego que campesinos reanudaron la construcción de un canal de riego que permitirá abastecer del líquido unas tres mil hectáreas de la llanura de Maribaroux, en el noreste del país.
Santo Domingo acusó a Haití de querer desviar el torrente, pese a la declaración conjunta firmada entre los países en 2021, que desestima tal afirmación.
Por su parte, Puerto Príncipe reafirmó su derecho de utilizar los recursos compartidos y exigió un trato justo a los ciudadanos de su país.
Las negociaciones bilaterales que estaban en curso se detuvieron abruptamente cuando el presidente Luis Abinader anunció el cierre inminente de la frontera, una decisión unilateral, de acuerdo con el Gobierno de Henry.
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