En particular, a través de la implementación duradera del Acuerdo Final del 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En ese sentido, el actual gobierno colombiano tiene como eje transversal alcanzar la paz total, en virtud de esa política avanza en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantiene un diálogo socio-jurídicos con estructuras urbanas y es casi inminente una mesa de paz con el EMC-FARC.
Asimismo, el Consejo de Seguridad en la sesión celebrada el 2 de agosto pasado reafirmó el pleno compromiso con el proceso de paz de Colombia y resaltó su resolución, en la que prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país suramericano.
Además, decidió que la Misión de Verificación monitoreará y verificará la implementación del cese al fuego, establecido en el Segundo Acuerdo de Cuba entre el Gobierno de Colombia y el ELN y, a tal fin, autoriza un incremento de hasta 68 observadores internacionales adicionales en la dotación actual.
Las dos autoridades conversaron también acerca de la lucha contra las drogas ilícitas, incluyendo la importancia de explorar nuevos enfoques, así como de la migración y asuntos regionales.
El gobierno de Petro trabaja en la construcción de una nueva política de drogas, que girará alrededor de cuatro ejes: el cuidado de la vida, del medio ambiente, los derechos humanos y la persecución a las redes del narcotráfico.
La construcción de esta nueva política tiene una óptica más social y de salud pública que punitiva y parte de la afirmación del presidente Petro, quien asegura que la guerra contra las drogas en su país y en Latinoamérica fracasó y ha dejado millones de muertes en esta área y en Estados Unidos, principal consumidor.
Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, negocio vinculado a estructuras criminales a lo largo de su historia, las cuales provocan violencia en los territorios, desplazamientos forzados y otros problemas que afectan fundamentalmente a la población.
Además de ser una de las causas estructurales de la violencia, también genera racismo y la desigualdad ante la falta de presencia del Estado en los territorios, aseguró el mandatario colombiano.
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