De esa forma el gobernante se refirió a la audiencia de Reconocimiento de Verdad por Asesinatos y Desapariciones Forzadas Presentadas como Bajas en Combate en Casanare, en el marco del Caso 03 que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
«Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de seis mil 402 jóvenes asesinados por funcionarios de otros gobiernos», expresó el jefe de Estado por medio de su perfil en la red X.
Ayer, el general retirado Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional, reconoció su participación en ejecuciones extrajudiciales, caso conocido como «falsos positivos» perpetrado por la unidad que lideró entre el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007.
«Yo tenía el poder de haberlas parado (las atrocidades) y no lo hice (…). Por el contrario las facilité, premié y estimulé que se siguieran cometiendo», afirmó el exmilitar de alto rango, quien pidió perdón a las víctimas por todo el daño causado.
En la audiencia realizada con presencia de familiares de las personas asesinadas, Torres Escalante aseguró que los crímenes fueron resultado de sus presiones permanentes y que dio prioridad a las muertes en combate por sobre las capturas.
La JEP lo señaló de haber impulsado el plan criminal, a partir de las órdenes que emitió, así como de las condiciones que generó, en virtud de lo cual fueron asesinadas y presentadas como muertas en combate 196 víctimas en 141 eventos de resultados operacionales.
De estas víctimas, 138 fueron presentadas como no identificadas, entre el 15 de diciembre de 2005 y el 27 de mayo de 2007, por todas las unidades bajo su mando e incluso pasando las fronteras geográficas de la jurisdicción asignada a la Brigada XVI.
«Las presiones venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya; de la IV División (…). Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas», aseveró.
Petro en su mensaje señaló que la verdad y la reconciliación, tienen un proceso histórico por delante, las garantías de no repetición que se logran no solo con cambios institucionales, sino con transformaciones de la misma sociedad, con garantías plenas y actuales de los derechos fundamentales de las personas, individuales y colectivos.
Ese es el sentido de las reformas presentadas por su gobierno al Congreso: lograr garantías de derechos universales en el trabajo, en la educación, en la salud, en los servicios públicos, afirmó.
«Es también, el objetivo que debe tener un gran Acuerdo Nacional», enfatizó el gobernante al referirse a su llamado para transformar el país azotado históricamente por conflictos armados internos y alcanzar la paz total.
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