En cuanto al sistema de Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso (TREP), la Fiscalía de Delitos Administrativos del ente judicial implicó a José Emilio Liques y Oscar René Ortiz López, así como a José Rodolfo Godínez, por orden.
Varios cuestionamientos suscitó aquí la adquisición de esa plataforma, mientras luego del balotaje presidencial el partido perdedor de Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza, denunció irregularidades en el conteo de papeletas y señaló fraude electoral.
Nuestro equipo de técnicos informáticos, fiscales departamentales y municipales, así como el fiscal nacional, analizaron las actas de los comicios y encontraron algunas controversias, explicó el abogado de la agrupación, Carlos Aquino.
“Consideramos que se varió el resultado de las votaciones cambiando la voluntad del pueblo que se expresa a través del voto”, añadió el jurista, acompañado por la abandera de esa fuerza, quien desde el 20 de agosto pasado permanece en silencio.
El Tecnológico (Tec) de Monterrey, la universidad privada más grande de México, aseguró la víspera ante los magistrados del TSE y los fiscales de las organizaciones en la carrera política que no hubo ningún hallazgo ni vulnerabilidad alta o crítica en el mecanismo.
El encargado de la auditoría técnica por la casa de altos estudios, Jesús González, mencionó que se efectuaron pruebas de carga, anegación de servicio e integridad, así como análisis de brecha.
El resultado evidenció que «los tiempos de respuesta del servicio fueron totalmente adecuados» y “se encontró todo bajo las normas”.
Debido a interferencias del MP en las elecciones la semana pasada, el ganador por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se vio obligado a abandonar de modo temporal el proceso de transición de Gobierno.
Después de su decisión, junto a miles de guatemaltecos el lunes último, acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo en busca del restablecimiento del orden constitucional.
Con la acción legal exigió también la renuncia de la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
Entidades locales e internacionales coinciden en catalogar las acciones del MP violatorias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y reclaman respeto por la democracia de Guatemala.
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