Ese organismo tiene a su cargo la redacción de una nueva carta magna a partir de un borrador elaborado por una comisión de expertos, pero el Partido Republicano y sus aliados introdujeron más de mil enmiendas con el propósito de imponer sus criterios.
De esta manera implementan una ley fundamental que, en opinión de analistas y representantes de organizaciones políticas y sociales, tendrá un contenido mucho más restrictivo con respecto a la impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Algunas de las medidas aprobadas esta semana son elevar a rango constitucional el papel de las empresas administradoras de fondos de pensiones, que aprovechan las cotizaciones de los trabajadores para obtener cuantiosas ganancias y pagan jubilaciones miserables.
También exaltan el papel de las aseguradoras de salud y los centros de enseñanza privados.
De acuerdo con el consejero Fernando Viveros, la derecha convirtió las pensiones, la educación y la asistencia sanitaria en mercancías con las cuales se lucra y hace desaparecer el Estado Social Democrático, al cual aspira la población.
También se atenta contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro para la vida de la madre, malformaciones en el feto o cuando es producto de una violación.
En materia de garantías laborales, reduce la importancia de los sindicatos y elimina la función de afiliarse a organizaciones gremiales internacionales, mientras la huelga queda supeditada a acuerdos previos con el sector patronal.
Yerko Ljubetic, del partido Convergencia Social, dijo que las sesiones de esta semana dejan un sabor amargo y evidencian el uso de una maquinaria demoledora de derechos y libertades para Chile. Otra polémica medida fue imponer en el proyecto de Constitución la eliminación del pago de impuestos para la primera vivienda familiar, con el pretexto de favorecer a las capas medias y bajas de la población.
Sin embargo, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, recordó que la mayoría de propiedades modestas están exentas de contribuciones y la norma, en realidad, favorecerá a los grandes propietarios en barrios lujosos del país.
La extrema derecha también introdujo el principio de objeción de conciencia institucional, lo que a juicio del experto del Partido Comunista, Alexis Cortés, permitirá a cualquier persona o entidad privada negarse a cumplir la ley amparado en la Constitución. oda/car/eam
