La Alianza Pueblo Unido por la Vida presentó una querella penal por desacato en la Asamblea Nacional contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, por suscribir un pacto con una empresa extranjera, la transnacional canadiense First Quantum, lesivo a la soberanía, precisaron sus dirigentes.
El recurso también atañe a la magistrada María Eugenia López, actual titular de la Corte Suprema de Justicia, por su postura cómplice, debido a que esa institución en 2017 declaró inconstitucional el convenio concesionario, puesto en marcha sin la licitación correspondiente.
Las acciones legales tuvieron respaldo en las calles cuando integrantes de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá bloquearon arterias de la capital en rechazo al leonino contrato que viola normas del derecho laboral y daña el medio ambiente.
También los profesores de la facultad de Economía de la Universidad de Panamá emitieron un comunicado en el que solicitaron al Ejecutivo establecer una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
Según ese texto, que suscribe el decano Rolando Gordón, los académicos expresan su rechazo al contrato de concesión minera, el cual presenta innumerables evidencias de “fallas en su conceptualización pragmática” contra los intereses del Estado y el desarrollo sostenible del país.
Las diferentes manifestaciones de repudio al contrato minero obligaron en la semana al jefe de Estado Laurentino Cortizo a aseverar ante periodistas que una alternativa podría ser retirar el proyecto del Legislativo.
Durante una gira de trabajo comunitario, el mandatario reveló ante periodistas que esperará el informe de la Comisión Comercio y Asuntos Económicos, por entregar el próximo lunes, con los resultados de consultas ciudadanas y una visita a la mina de cobre de Donoso (Colón).
“Tan pronto se tenga ese informe, entonces entraría a tomar una decisión”, precisó el jefe de Estado al reconocer que existe la posibilidad de que este contrato sea modificado, una acción similar a la que se hizo con una ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública, cuestionada por los directivos de los principales medios de comunicación.
En los últimos siete días, tras el auge de la migración irregular, trascendió también el encuentro de Cortizo en Nueva York, Estados Unidos, con el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Durante su participación en la 78 Asamblea General de ONU, los dignatarios acordaron impulsar acciones ante el creciente flujo de viajeros a su paso por la selva de Darién, donde hasta la fecha este año transitaron más de 380 mil rumbo a Estados Unidos.
Cortizo y Petro insistieron en la necesidad de propiciar una migración segura y ordenada, con el fin de salvaguardar la integridad de la vida humana, y acordaron reactivar la Comisión de Buena Vecindad, creada en 1992 para atender temas bilaterales y estrechar los vínculos entre ambas naciones.
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