En un encuentro este lunes con la prensa internacional, Figueroa apuntó que el Gobierno de Puerto Príncipe nunca transmitió información de manera oficial al dominicano sobre ese proyecto, tal y como lo estipula el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929.
A una pregunta de Prensa Latina sobre qué pasará si el cierre de la frontera entre las dos naciones vecinas se prolonga, respondió que el presidente Luis Abinader autorizó un grupo de acciones para auxiliar a los productores locales y a los ciudadanos afectados.
En ese sentido, el también director de Estrategia y Comunicación Gubernamental puntualizó que se constituyeron comisiones del Gobierno para llevar esa protección a la zona y se buscan destinos de exportación a productos como el huevo y al sector avícola en general.
Comentó que hay conversaciones con Guyana y Panamá, países interesados en comprar esos rubros, en tanto los mismos también se adquieren para los programas sociales del Gobierno.
En relación con la paralización de la obra como condición de Santo Domingo para sentarse a conversar, expresó a este medio que la víspera la construcción estaba detenida y que solo es cuestión de tiempo porque ya hay conflictos entre los que incentivaron el plan.
Al referirse a los riesgos que implica su ejecución, mencionó el medioambiental, económico y la pérdida de vidas humanas.
Abundó que República Dominicana tiene el deber de cuidar los humedales de la laguna Saladillo porque es un patrimonio de la isla y del mundo.
La desviación del cauce natural del río, alertó, dejaría sin fuente de agua a la referida laguna, lo que significaría la desaparición de una rica diversidad de la flora y fauna, de importancia internacional.
Señaló que la falta del líquido representaría la eliminación de las actividades agropecuarias a ambos lados de la frontera, en tanto las inundaciones por la crecida del río podrían amenazar la vida de los habitantes de Dajabón y de la comunidad haitiana en Juana Méndez.
Durante el encuentro en el Palacio Presidencial, Figueroa manifestó que las autoridades haitianas invocan su derecho a utilizar el río de manera justa y equitativa, pero olvidan que ese uso neutral obliga a proteger a ambos Estados de posibles daños.
Reiteró la posición del Gobierno dominicano de que la detención de la construcción unilateral del canal de trasvase es la única condición para dialogar en busca de una solución conforme al derecho internacional.
El 15 de este mes, República Dominicana cerró la frontera con Haití por vía marítima, terrestre y aérea, a partir del conflicto creado por la construcción en suelo haitiano y de manera unilateral de un canal en el río Dajabón, que comparten de manera natural las dos naciones.
Aunque en un primer momento el Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, reconoció que su Gobierno no tiene la fuerza para detener a quienes lo edifican, la semana pasada defendió en la Asamblea General de Naciones Unidas su construcción.
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